La Segunda República
De la conflictividad social a la represión
La proclamación de la Segunda República en 1931 abrió una etapa de profundas transformaciones políticas y sociales que también se dejaron sentir en Mislata. Las reformas laborales, la secularización del Estado y el crecimiento de las organizaciones obreras despertaron nuevas esperanzas, pero también provocaron tensiones entre distintos sectores de una población que se acercaba entonces a los cinco mil habitantes.
El golpe militar de julio de 1936 y el comienzo de la Guerra Civil rompieron definitivamente aquella frágil convivencia. La pérdida de autoridad del Estado favoreció la aparición de comités revolucionarios que asumieron el control político, económico y social del municipio. Comenzó así un periodo marcado por incautaciones, persecución religiosa, detenciones y asesinatos, cuyas consecuencias dejaron una profunda herida en la memoria de Mislata.
De la conflictividad social a la violencia de retaguardia, 1931-1939
La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, abrió en España una etapa de profundas transformaciones políticas y sociales. Las reformas laborales, la secularización del Estado, el crecimiento de las organizaciones obreras y la movilización de sectores hasta entonces alejados de la vida pública despertaron grandes esperanzas, pero también provocaron fuertes resistencias y una creciente polarización.
Mislata no permaneció al margen de aquel proceso. Era una localidad en plena transformación, todavía estrechamente vinculada a la huerta, pero cada vez más integrada en el espacio urbano e industrial de Valencia. Según el censo, contaba con 4.962 habitantes en 1930 y alcanzaría los 6.638 en 1940. Su proximidad a la capital, la presencia del tranvía y del ferrocarril y el desarrollo de talleres, hornos, molinos e industrias favorecieron la aparición de una sociedad más diversa y políticamente movilizada.
Los años republicanos estuvieron marcados por las reivindicaciones laborales, las huelgas y los enfrentamientos entre patronos, trabajadores y fuerzas de orden público. En Mislata, donde convivían agricultores, jornaleros, artesanos y obreros industriales, estas tensiones se hicieron visibles desde los primeros meses del nuevo régimen.
En junio de 1931, durante una huelga relacionada con el sector de la harina y la elaboración del pan, se produjo un ataque contra un horno de Mislata. La prensa contemporánea informó de que los huelguistas habían estropeado productos y útiles de trabajo. Las recopilaciones locales identifican el establecimiento como el Horno de San José y señalan que la maquinaria resultó dañada y que parte del pan fue arrojado a la calle.
Mislata también se vio afectada por la insurrección anarquista de enero de 1933. La circulación de los tranvías con Valencia quedó interrumpida y un grupo impidió temporalmente el paso por la carretera. Cuando las fuerzas de seguridad acudieron para restablecer las comunicaciones se produjo un enfrentamiento con una manifestación. La prensa de la época informó del traslado al Gobierno Civil de trece detenidos procedentes de Mislata.
Un día antes, el mismo periódico había informado de un suceso todavía más grave: varios individuos apostados en la carretera de Torrent, cerca de Mislata, dispararon contra un automóvil que confundieron aparentemente con el vehículo del gobernador civil. El coche recibió varios impactos, aunque ninguno de sus ocupantes resultó herido.
La cuestión religiosa durante la República:
La política religiosa fue uno de los asuntos que más dividió a la sociedad española. La Constitución de 1931 estableció un Estado sin religión oficial y las manifestaciones públicas del culto quedaron sometidas a autorización gubernativa.
La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933 garantizaba la libertad de conciencia y permitía el culto dentro de los templos, pero exigía una autorización específica para celebrarlo en el espacio público. En Mislata se llevaron a cabo denegaciones o restricciones municipales a procesiones, entierros acompañados por sacerdotes y otros actos públicos, especialmente en momentos de tensión.
Estas medidas fueron interpretadas por muchos católicos como una agresión contra sus creencias, mientras que los sectores republicanos más anticlericales las consideraban necesarias para separar la Iglesia del Estado. El enfrentamiento fue deteriorando la convivencia.
El golpe militar y el derrumbe del poder ordinario:
El golpe de Estado de julio de 1936 fracasó en Valencia, pero la autoridad del Gobierno quedó profundamente debilitada. Las organizaciones obreras y políticas que habían contribuido a derrotar la sublevación se armaron y crearon comités locales que asumieron funciones relacionadas con el orden público, las milicias, el abastecimiento y la economía.
En Mislata se constituyó el 20 de julio de 1936 el denominado Comité de Enlace y Defensa de la República, en el que estuvo presente el alcalde Fernando Jericó Pérez. Según las actas incorporadas posteriormente al expediente de la Causa General, participaron representantes del PSOE, Izquierda Republicana, Esquerra Valenciana, el Partido Comunista y distintas sociedades obreras, entre ellas la Sociedad «La Salud».
El Comité no hizo desaparecer inmediatamente todas las instituciones municipales, pero actuó como un poder paralelo que terminó imponiéndose sobre ellas. Entre sus primeras decisiones se encontraban:
-Centralizar y controlar las armas existentes en la población.
-Organizar patrullas y turnos de vigilancia.
-Requisar automóviles y camiones para las necesidades de la guerra.
-Colaborar con las columnas de milicianos que atravesaban el municipio.
-Intervenir en la distribución de alimentos y otros productos básicos.
-Vigilar y detener a personas consideradas partidarias de la sublevación.
Las actas contienen expresiones como la «imperiosa necesidad» de detener a los vecinos identificados como fascistas. También se debatió el destino de los edificios religiosos incautados, proponiéndose utilizar la iglesia como garaje o como dependencia del Comité. Otras discusiones se referían a la depuración de empleados municipales y sanitarios, al comportamiento de los comerciantes o a la sanción de personas consideradas hostiles, incluidos algunos directivos del Mislata Club de Fútbol.
En determinadas viviendas aparecieron inscripciones como «Aquí vive un fascio» o cruces acompañadas de las letras «R. I. P.». Según los testimonios de la posguerra, estas marcas servían para identificar públicamente a personas católicas, conservadoras o vinculadas a partidos de derechas. Aunque no todas condujeron necesariamente a una detención, contribuyeron a crear un clima de señalamiento y temor.
El asalto a la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles:
Uno de los acontecimientos más graves se produjo el 23 de julio de 1936, cuando un grupo armado entró en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles.
Según estas declaraciones, el alcalde Fernando Jericó entregó las llaves del templo, permitiendo la entrada de los asaltantes. Las imágenes religiosas y los objetos de culto fueron retirados de sus altares, arrastrados hasta la plaza y destruidos o quemados. Algunos participantes se vistieron con casullas y capas litúrgicas, protagonizando actos de burla contra la religión.
El altar mayor, las capillas laterales, las imágenes y buena parte de los ornamentos resultaron destruidos. También desaparecieron libros y documentos del archivo parroquial, causando una pérdida patrimonial que obligaría a reconstruir casi por completo el interior del templo después de la guerra.
La iglesia fue destinada posteriormente a usos ajenos al culto. Las fuentes de la posguerra afirman que en el sótano del templo funcionó un centro irregular de detención, denominado popularmente «checa», un lugar de reclusión controlado por organizaciones políticas o milicianas y situado fuera del sistema penitenciario ordinario.
El Convento del Sagrado Corazón:
El convento y noviciado de las Hermanas de la Doctrina Cristiana también fueron incautados y su capilla destruida. Las religiosas tuvieron que abandonar el edificio, dejar el hábito y refugiarse en viviendas particulares.
La historia de las diecisiete hermanas mártires está estrechamente vinculada a Mislata por encontrarse aquí la casa y el noviciado de la congregación, aunque no todas residían permanentemente en el municipio. Dos religiosas fueron asesinadas en septiembre de 1936 cerca de la Llosa de Ranes. Las otras quince, entre ellas la superiora general Ángeles Lloret Martí, fueron detenidas en Valencia y ejecutadas en el Picadero de Paterna el 20 de noviembre de 1936.
Las diecisiete fueron beatificadas por Juan Pablo II el 1 de octubre de 1995. La documentación eclesiástica distingue correctamente entre los dos lugares y fechas de las ejecuciones.
La pérdida de archivos y patrimonio local:
Durante la guerra desapareció una parte importante de la documentación histórica de Mislata que se guardaba en el templo parroquial. La tradición local sostiene que el archivo municipal fue ocultado en una vivienda para evitar su destrucción, pero que los documentos terminaron siendo quemados. Nunca pudo determinarse con certeza si el escondite fue descubierto o si la destrucción se produjo por miedo a que aquellos papeles comprometieran a su custodio.
Entre los documentos perdidos se encontrarían antiguas copias del privilegio concedido por Jaime I el 1 de enero de 1239, relacionado con los molinos de Mislata, y de la Carta Puebla otorgada el 25 de septiembre de 1611.
También resultaron dañados elementos religiosos como la Cruz Cubierta, algunas instalaciones del cementerio y las estaciones del Calvario que recorrían el antiguo Azagador de Zamarra. La destrucción no afectó únicamente a objetos de culto: supuso igualmente la desaparición de piezas que formaban parte del paisaje histórico y cultural del municipio.
Requisiciones, colectivizaciones y abusos económicos:
El nuevo poder revolucionario intervino en la economía local. Se requisaron vehículos, viviendas, terrenos, fábricas, talleres y productos considerados necesarios para el esfuerzo bélico o para el abastecimiento de la población.
Las actas y declaraciones incorporadas a la Causa General recogen el cobro de alquileres correspondientes a propietarios considerados desafectos, la entrega de tierras a organizaciones sindicales y la incautación de automóviles y camiones. También contienen denuncias de vecinos que afirmaron haber sido obligados a entregar cantidades comprendidas entre 5.000 y 15.000 pesetas bajo amenaza de detención.
El abastecimiento se convirtió en uno de los principales problemas. El Comité expedía vales para adquirir productos en las tiendas, pero los comerciantes protestaban porque no podían continuar entregando mercancías sin recibir un pago efectivo. La escasez, el aumento de los precios y la desorganización de las redes comerciales agravaron las dificultades de numerosas familias, con independencia de su ideología.
Detenciones y centros irregulares de reclusión:
Durante los primeros meses de la guerra se produjeron detenciones sin garantías procesales. Las patrullas acudían con frecuencia durante la noche a los domicilios de personas señaladas como católicas, derechistas, propietarios o supuestos colaboradores de la sublevación.
Algunos detenidos permanecieron inicialmente en dependencias de Mislata. Las fuentes locales y la Causa General identifican como lugares de reclusión el antiguo Ayuntamiento —edificio ocupado actualmente por la Biblioteca Municipal— y determinadas dependencias de la iglesia parroquial. Otros fueron trasladados a centros de Valencia, como las Torres de Quart, la Casa Balanza o San Miguel de los Reyes.
No existió un único procedimiento aplicable a todos los casos. Algunas personas fueron liberadas, otras pasaron a prisiones dependientes de las autoridades y otras fueron sacadas de los centros de detención por grupos armados y asesinadas sin juicio. Los cadáveres aparecieron en caminos, descampados y cementerios de localidades como Paterna, Torrent, Montserrat o Llíria.
Las recopilaciones efectuadas a partir de la Causa General y de la obra de Víctor Julio Maestro Cano sitúan en torno a treinta el número de vecinos de Mislata muertos como consecuencia de la violencia desarrollada en la retaguardia republicana.
La violencia homicida se concentró especialmente durante el verano y el otoño de 1936, cuando el poder se encontraba más fragmentado. Aunque posteriormente continuaron las detenciones, la vigilancia política y la represión judicial hasta 1939.
Una memoria difícil, pero necesaria:
La Guerra Civil destruyó la convivencia de una población cuyos habitantes se conocían, trabajaban juntos y compartían calles, huertas y espacios de sociabilidad. Las antiguas diferencias políticas, religiosas y económicas se convirtieron en acusaciones, detenciones y venganzas personales. Algunas personas participaron en la violencia; otras intentaron proteger a vecinos perseguidos, y muchas se limitaron a sobrevivir en medio del miedo, la escasez y la incertidumbre.
La entrada de las tropas franquistas en 1939 puso fin a la violencia de la retaguardia republicana, pero no a la represión. Se inició entonces una nueva etapa de consejos de guerra, cárceles, depuraciones y fusilamientos contra los republicanos vencidos.
La historia de estos años exige huir tanto del silencio como de la utilización partidista del pasado. Su finalidad debe ser conocer lo ocurrido, recuperar los nombres de todas las víctimas y comprender cómo la destrucción de la legalidad, la difusión del odio y la deshumanización del adversario convirtieron a vecinos de un mismo pueblo en enemigos.