El Señorío y Baronía de Mislata y Morería.
Durante siglos, vivir en Mislata significó mantener una relación con el señor del lugar. Esa relación estaba presente al trabajar una parcela, heredar una casa, llevar el grano al molino o acudir a la justicia. Los señores cobraban rentas, controlaban determinados servicios y participaban en el nombramiento de las autoridades locales. Sus derechos formaban parte de la vida diaria de agricultores, artesanos y familias que habitaban la población.
La historia de este poder se construyó poco a poco, mediante donaciones, matrimonios, herencias, compras y pleitos. Además, Mislata tuvo durante buena parte de su trayectoria dos ámbitos diferenciados: el Lugar de los Cristianos y la Morería. Cada uno podía tener sus propios señores y obligaciones. De aquella historia compartida, aunque llena de diferencias, procede la denominación de Mislata y Morería que conservaría la baronía.
Las primeras concesiones tras la conquista:
Cuando Jaime I conquistó Valencia, Mislata era una alquería andalusí con viviendas, tierras de cultivo e instalaciones que aprovechaban el agua de las acequias. La distribución de aquellos bienes puso las bases de una nueva organización de la propiedad.
Entre los beneficiarios destacó Sanç Llopis de Albero, también citado como Sancho López de Albero. El Llibre del Repartiment recoge a su favor una concesión de ochenta cafissades de tierra en Mislata, relacionada con una deuda que el rey mantenía con su padre. También aparecen tres casales de molinos, establecimientos de considerable importancia económica.
Las concesiones molineras incluían derechos sobre instalaciones que otros habitantes necesitaban para transformar sus cosechas. Quien controlaba el molino disponía de una fuente de ingresos ligada al trabajo agrícola de su entorno.
Una referencia documental posterior, recogida por Santos Ramírez, recuerda un privilegio de 1239 por el que se habían concedido a Sancho Llopis de Alvero tres casales de molinos, con sus accesos, acequias y aguas. El documento fue utilizado todavía en 1806 para acreditar derechos de los barones de Mislata. Aquella concesión medieval seguía formando parte de los argumentos con los que se defendía el patrimonio señorial más de cinco siglos después.
Sin embargo, Sanç Llopis de Albero no fue el único beneficiario del repartimiento. En Mislata recibieron bienes otros caballeros, particulares e instituciones religiosas. La formación del señorío partió de esa distribución de propiedades y derechos, que las generaciones posteriores fueron reuniendo, dividiendo o transmitiendo.
Los Boïl y Altadona Della Scala:
A comienzos del siglo XIV, Mislata aparece vinculada a Pere Boïl y a su esposa, Altadona de la Scala. La familia tenía una posición destacada en el reino de Valencia y estaba relacionada también con el señorío de Manises.
En 1307, Jaime II autorizó a Pere Boïl a construir molinos y hornos en Mislata. Estas concesiones reforzaban la posición de la familia sobre actividades fundamentales para la población.
En 1321, Pere Boïl entregó Mislata y Benilloba a su hijo Berenguer, con motivo de su matrimonio con Ramoneta Riusec. Después de la muerte de Pere, Altadona conservó el usufructo de propiedades familiares. Podía disfrutar de sus rendimientos aunque existieran otros herederos con derechos sobre ellas.
Esta situación explica parte de los conflictos posteriores. La persona que recibía las rentas, quien debía heredar y quien actuaba como tutor de un menor podían tener intereses distintos sobre un mismo lugar.
Para los habitantes de la Morería, las disputas familiares se traducían en cuestiones muy concretas: cuánto debían pagar, qué servicios tenían que prestar y a quién podían acudir cuando consideraban que se les exigía más de lo debido.
La protesta de los vecinos en 1331
El 27 de mayo de 1331, diecinueve musulmanes de Mislata, encabezados por Azmet Fonz, se presentaron ante Ramon Riusec, tutor del joven Pere Boïl, para denunciar las actuaciones de Altadona.
La protesta reunía varias quejas. Los vecinos señalaban obligaciones de transporte, como llevar madera a Manises y aceite a Benilloba y Valencia; reclamaban por pagos y entregas de productos, y denunciaban el castigo impuesto a un hombre que había sido encarcelado y multado a raíz de unas palabras intercambiadas con otro vecino.
También pedían que se devolvieran bienes o prendas que consideraban tomados indebidamente. Querían que la reclamación quedara registrada ante notario.
Ramon Riusec ordenó actuar a Pedro Roca, sustituto de su procurador. El asunto llegó ante Rodrigo Llansol, justicia civil de Valencia, al que se solicitó que obligara a Altadona a respetar las condiciones acordadas para el usufructo.
No conocemos con precisión el desenlace completo. Lo que conserva la documentación es una comunidad capaz de organizarse, formular sus agravios y buscar una respuesta judicial. El episodio ayuda a comprender cómo funcionaba el señorío. La autoridad del señor podía ser fuerte, pero existían acuerdos, costumbres y vías de reclamación que los vecinos intentaban hacer valer.
Dos ámbitos señoriales dentro de Mislata
Durante el siglo XIV se distinguen dos grandes líneas de poder local.
La parte cristiana estuvo vinculada a los Codinats, apellido que aparece también como Codinacs o Codinachs. La Morería permaneció relacionada con los Boïl y acabaría incorporándose a los dominios de los Ximénez de Urrea.
En 1358, Antic de Codinats compró la mitad cristiana de Mislata. Al morir al año siguiente, sus derechos pasaron a su hermano Berenguer. Más adelante aparecen otros miembros del linaje, entre ellos Bernat de Codinats.
La cercanía entre los dos núcleos no hacía desaparecer sus diferencias. Un vecino podía vivir a poca distancia de otro y depender de distinta autoridad, pagar otras rentas o estar sujeto a condiciones diferentes.
También podían separarse los derechos sobre una misma propiedad. Poseer una parcela, cobrar una renta y administrar justicia eran facultades que no siempre estaban en las mismas manos. Esta superposición explica por qué las fuentes hablan unas veces de Mislata y otras de una mitad, de la parte cristiana o de la Morería.
Herencias y pleitos: la llegada de los Urrea
La incorporación de la Morería a los Ximénez de Urrea estuvo relacionada con los enlaces familiares de los Boïl y con las disputas por su herencia.
Los matrimonios permitían reunir patrimonios, pero también podían dejar derechos repartidos entre viudas, hijos, hermanos y ramas colaterales. Cuando esas personas defendían interpretaciones distintas de una herencia, el conflicto podía prolongarse durante años.
Un documento especialmente importante está fechado el 26 de junio de 1426. La reina María de Castilla, esposa de Alfonso V, dictó una sentencia arbitral favorable a Pedro Ximénez de Urrea.
El pleito enfrentaba a Toda Pérez de Boïl, antes de Urrea y heredera de Pedro Boïl, con Teresa de Híjar, viuda de Pedro Ximénez de Urrea, y con los tutores y curadores de su hijo, también llamado Pedro. El pergamino se conserva en el Archivo del Reino de Valencia, dentro del fondo de Mislata, con el número 4.
La sentencia muestra el papel de las mujeres en la transmisión y defensa del patrimonio. Teresa de Híjar intervenía como viuda y dentro de la tutela de su hijo; Toda reclamaba como heredera. La historia señorial se decidía también mediante sus derechos y actuaciones.
Hornos, molinos y justicia
El poder de los Urrea se apoyó en privilegios reales que reconocían sus facultades sobre la Morería.
En 1424 se documentan derechos para disponer de establecimientos como horno, molino, carnicería y taberna. En 1455, Alfonso V concedió a Pere d'Urrea una jurisdicción amplia sobre la Morería, recordada en documentos posteriores mediante la expresión «mero y mixto imperio».
Esta fórmula se refería al alcance de la justicia que podía ejercerse. Comprendía asuntos civiles y criminales y, en su grado más amplio, facultades sobre delitos castigados con penas graves.
Para los vecinos, la jurisdicción era una realidad cotidiana. Determinaba quién podía ordenar una detención, intervenir en un conflicto o nombrar a quienes debían administrar justicia.
Los establecimientos reservados al señor proporcionaban otra forma de control. El horno, la carnicería o el molino atendían necesidades básicas, y su explotación generaba ingresos. Con frecuencia, el señor los arrendaba a otras personas, que pagaban por administrarlos.
Así, entre el titular del señorío y sus vasallos podían intervenir procuradores, arrendadores, guardas y oficiales. Aunque el señor estuviera lejos, sus derechos seguían presentes en el lugar.
Una mañana de 1476 ante la mezquita
El 27 de mayo de 1476, los habitantes musulmanes de Mislata fueron convocados para reconocer a su nuevo señor, Lope Ximénez de Urrea.
Lope había heredado los derechos de su padre, del mismo nombre, que había sido virrey de Sicilia. Para tomar posesión actuó en su representación el procurador Alfonso Muñoz.
La convocatoria se hizo por medio de Martí Eximeno, mensajero y guarda de la Morería. Los vecinos se reunieron en el porche situado delante de la mezquita. Entre ellos estaban Juceff Xampenç, alamín de la comunidad, y Hacen Momiem, alfaquí.
El procurador presentó los documentos que acreditaban su representación y la herencia. Después pidió a los reunidos que reconocieran al nuevo titular y prestaran fidelidad.
La aljama respondió por boca de su alamín. Aceptaba reconocer al señor, pero solicitaba que se respetaran sus normas y buenas costumbres. Los vecinos pidieron expresamente que sus asuntos se juzgaran conforme a la Sunna y la Xara, como había sido costumbre.
El procurador aceptó ese compromiso. A continuación se prestaron los juramentos y el homenaje, siguiendo un ritual que combinaba las formas del vasallaje con las prácticas religiosas de la comunidad musulmana.
La ceremonia dejaba por escrito obligaciones de ambas partes, aunque la relación de poder fuera desigual. El acta fue autorizada por el notario Joan del Mas y se conserva en el Archivo del Colegio del Corpus Christi, protocolo 27.371. Su transcripción permite seguir estos acontecimientos con detalle.
Los condes de Aranda y la parte cristiana
El Lope reconocido en 1476 recibió el título de conde de Aranda el 9 de enero de 1488, por concesión de Fernando el Católico. Mislata quedó vinculada a una casa nobiliaria con posesiones en Aragón y en el reino de Valencia.
Dentro de ese patrimonio, Mislata era un dominio pequeño en extensión, pero situado en una huerta de regadío próxima a la capital. Su interés dependía de sus tierras productivas, sus rentas y sus establecimientos.
La familia amplió sus derechos mediante la adquisición de la parte cristiana. En 1497 se documenta una venta de Beatriu Aguiló de Codinats y su hijo Lluís a Miquel Ximénez de Urrea, conde de Aranda. Otra referencia, de 1506, recoge la venta de la mitad cristiana por 42.600 sueldos.
Estas noticias permiten distinguir la operación de la historia anterior de la Morería, ya vinculada a los Urrea.
Las compras tampoco borraron todos los derechos existentes. En 1531 y 1573 aparece Francesc de Castellví como señor de una mitad de Mislata, y en 1610 figura Magdalena Urrea de Castellví. Los documentos obligan a seguir cada parte y cada transmisión, en lugar de imaginar una unificación completa en una sola fecha.
Lo que suponía trabajar una tierra del señor
Buena parte de las propiedades se aprovechaban mediante enfiteusis. El sistema permitía a una familia trabajar una parcela, habitar una casa y transmitir sus derechos, mientras el señor conservaba el dominio directo y cobraba las prestaciones acordadas.
El cultivador tenía derechos estables sobre el bien, pero también obligaciones. Debía mantenerlo, atender los pagos y respetar las condiciones del establecimiento.
La venta podía generar un pago al señor, conocido como lluïsme o laudemio. Otro derecho, la fadiga, le daba preferencia para adquirir la propiedad en determinadas condiciones cuando se pretendía transmitirla.
Estas cargas se añadían a las rentas ordinarias. En las tierras sujetas al quint, el señor recibía una quinta parte de la cosecha. El nombre quedó asociado a una partida de la huerta de Mislata.
Las condiciones variaban según la época y la propiedad. Tampoco deben confundirse los pagos señoriales con otros, como el diezmo eclesiástico. Para una familia, el resultado podía ser la suma de varias obligaciones sobre lo que producía.
Los contratos servían para fijarlas, y su conservación era importante para ambas partes. El señor podía utilizarlos para reclamar rentas; los vecinos, para defender los límites de lo pactado.
El señorío después de las conversiones y la expulsión
Las conversiones del siglo XVI transformaron oficialmente a los mudéjares en cristianos nuevos o moriscos. La autoridad señorial continuó, al igual que buena parte de las relaciones económicas sobre casas y campos.
La ruptura más profunda llegó con la expulsión de 1609. La salida de las familias moriscas deshizo la comunidad de la Vilanova y dejó propiedades que el conde reorganizó mediante nuevas concesiones.
El 25 de septiembre de 1611, Antonio Ximénez de Urrea, conde de Aranda, otorgó la carta de población de la Vilanova de Mislata. Los pobladores debían reconocerlo como señor y residir en el lugar con sus familias.
La carta conservaba derechos sobre hornos, molinos y otros establecimientos. También fijaba pagos por las casas y tierras y la entrega de una quinta parte de los frutos de las parcelas sujetas a esa obligación.
El conde intervenía en la organización de los cargos locales y en las reuniones de la comunidad. La repoblación reconstruía un vecindario, manteniendo una estructura de dependencia señorial.
La denominación de baronía de la Vilanova de Mislata continuó apareciendo después. En 1628, Vicente Mercader, barón de Terrateig, actuaba como procurador del conde en su administración. El gobierno cotidiano dependía de estos representantes, que atendían los intereses de una casa con dominios dispersos.
El castillo de la Morería y la Casa Gran
El señorío dejó también edificios que hicieron visible su presencia.
La casa señorial de la Morería, recordada como castillo o Casa de la Señoría, aparece ya en la toma de posesión de 1476. Estaba situada en la plaza y formaba parte del recorrido con el que el procurador reconocía los bienes y derechos de su señor.
La historia local recuerda asimismo la Casa Gran, levantada por los barones y recordada como una gran residencia señorial. Las fotografías antiguas permiten apreciar la importancia que tuvo dentro del caserío.
Ambos edificios pertenecen a momentos y espacios distintos de esa historia. No deben confundirse como si fueran una única construcción que hubiera permanecido sin cambios desde la Edad Media.
La existencia de una residencia tampoco significa que los titulares vivieran siempre en Mislata. Sus cargos, sus relaciones familiares y sus otras posesiones podían mantenerlos lejos. Procuradores y oficiales sostenían entonces la administración local.
Las casas señoriales fueron la parte más visible de aquel poder, aunque buena parte de su funcionamiento quedara en lugares menos monumentales: una notaría, un campo, un horno o un molino.
La venta de 1748
En el siglo XVIII, Mislata salió del patrimonio de la casa de Aranda.
El comprador fue Mateo Cebrián y Aguilar, vecino de Gandía. En marzo de 1748 adquirió el señorío por 46.972 libras.
La operación estuvo relacionada con las dificultades financieras de Pedro Pablo Abarca de Bolea, X conde de Aranda. Entre las reclamaciones que pesaban sobre él figuraba una deuda de 16.000 pesos por unas joyas facilitadas para su boda de 1739.
Los acreedores eran Juan de Babault y los herederos de María Fantón. Ante la dificultad de conseguir dinero y el riesgo de embargo de sus rentas, el conde solicitó licencia para vender Mislata.
La venta muestra cómo un dominio valenciano podía verse afectado por los compromisos económicos de una familia con intereses muy alejados del lugar. Una deuda contraída para una boda acabó relacionada con el cambio de señor de la población.
Para los habitantes, la operación suponía un cambio en la titularidad de los derechos. La compraventa no equivalía a la desaparición de las rentas ni del régimen bajo el que vivían.
Los Cebrián, los Ferrer y los Musoles
Después de la compra, la baronía quedó vinculada a los Cebrián. Entre sus titulares aparecen José Cebrián y Sala y Mateo Cebrián y Chornet.
Las herencias posteriores llevaron los derechos a ramas familiares relacionadas con los Ferrer y los Arramendía. En esa trayectoria figuran Pascual Ferrer y Cebrián, Juan Nepomuceno Ferrer y Vicent, Luisa Ferrer de la Riva y María de la Concepción Ferrer y Vicent.
El enlace de Dolores Arramendía y Ferrer con José Felipe Musoles y Esteve, barón de Campo-Olivar, vinculó la baronía mislatera con los Musoles. Su hijo, Fernando Musoles y Arramendía, reunió ambas dignidades.
Esta sucesión muestra la importancia de las mujeres y de las ramas colaterales en la conservación del patrimonio. Los derechos podían pasar a una hija, una tía o un primo cuando se interrumpía una línea directa. Los cambios de apellido reflejaban esas transmisiones.
Durante el siglo XIX, sin embargo, cambió el significado de esas herencias. La continuidad de la familia y del título dejó de implicar autoridad sobre los vecinos.
El final del poder señorial
Las Cortes de Cádiz abrieron el proceso de supresión de los señoríos jurisdiccionales mediante el decreto de 6 de agosto de 1811.
La medida afectaba al ejercicio de la justicia, a las dependencias de vasallaje y a los privilegios exclusivos vinculados al señorío. La autoridad sobre una población debía corresponder a las instituciones públicas.
Su aplicación fue larga y conflictiva. Las etapas absolutistas y liberales alteraron el proceso, y surgieron disputas sobre qué derechos procedían de la jurisdicción y cuáles podían mantenerse como propiedad particular.
La ley de 26 de agosto de 1837 formó parte decisiva de esa disolución. Los tribunales tuvieron que resolver controversias sobre los títulos y sobre la naturaleza de las prestaciones reclamadas. La desaparición del señorío no convirtió automáticamente todas sus tierras en propiedad de quienes las cultivaban.
En Mislata, como en el resto de estas poblaciones, dejó de existir la autoridad del señor sobre sus vasallos. Las propiedades familiares podían continuar; el poder de gobernar y administrar justicia por razón del señorío pertenecía ya al pasado.
La baronía como título nobiliario
El nombre de Mislata y Morería sobrevivió en el título de barón.
Las disposiciones oficiales permiten seguir varias sucesiones recientes. En 1949 se ordenó expedir carta de sucesión a José María Musoles Frígola, por fallecimiento de su padre, José María Musoles Martín.
En 1979, la sucesión pasó a su hermano Balbino Musoles Frígola.
En 2010 se dispuso la expedición de Real Carta de Sucesión a José Luis Musoles Esteve, por fallecimiento de su padre, Balbino.
Estas sucesiones se refieren a una dignidad nobiliaria. El título no devuelve las antiguas facultades de gobierno, justicia o cobro de prestaciones sobre la población.
Su nombre conserva, en cambio, el recuerdo de los dos espacios históricos que formaron Mislata. Detrás de él permanecen las familias señoriales, pero también los vecinos que pagaron rentas, trabajaron sus tierras, prestaron juramentos y defendieron ante notario lo que consideraban sus derechos.