Los moriscos de la Vilanova de Mislata
Durante el siglo XVI, la antigua Morería de Mislata continuó habitada por familias cuyos antepasados habían vivido allí bajo dominio cristiano conservando su religión musulmana. Los bautismos forzosos de las Germanías y las disposiciones de conversión modificaron su condición legal: pasaron a ser considerados cristianos nuevos o moriscos.
La documentación permite acercarse a esta comunidad a través de personas concretas. Conserva los nombres de autoridades, agricultores, arrendatarios, mujeres que encabezaban hogares y vecinos que compraban, vendían o acudían a los tribunales. La Vilanova morisca tuvo una vida económica y colectiva propia, relacionada continuamente con el núcleo de cristianos viejos y con las poblaciones cercanas. Esa vida transcurrió bajo la autoridad señorial y una presión religiosa que alcanzó tanto a las creencias como a los gestos cotidianos.
La Vilanova de Mislata
El nombre de Vilanova de Mislata está documentado durante la etapa morisca, antes de la repoblación de 1611. Una sentencia de 1562, recuperada en una reunión celebrada en 1576, utiliza la expresión Vilanova olim Moreria: la Vilanova, antiguamente Morería.
La denominación identificaba un ámbito de población, territorio y jurisdicción que seguía distinguiéndose de la parte de los cristianos viejos. El bautismo había impuesto oficialmente una misma religión, pero no había eliminado la organización diferenciada de las dos comunidades.
Los habitantes de la Vilanova continuaban vinculados a sus viviendas, a los campos y a los servicios necesarios para abastecerse. También mantenían representantes propios y defendían los derechos que entendían que correspondían a su comunidad. La documentación los presenta actuando colectivamente y participando en pleitos, acuerdos y reclamaciones.
La continuidad del lugar no debe confundirse con una vida sin cambios. Las familias tuvieron que desenvolverse en un marco en el que determinadas prácticas anteriormente permitidas pasaban a ser perseguidas. La comunidad permanecía, pero las condiciones bajo las que podía expresar su identidad habían cambiado profundamente.
Las autoridades de la comunidad
El 7 de abril de 1576, una reunión celebrada en Mislata congregó a representantes de las dos comunidades ante Joan Ximénez de Urrea, conde de Aranda. El asunto principal era una disputa sobre los servicios y derechos señoriales, pero el documento conserva también una imagen precisa de la organización local.
Por la Vilanova comparecieron Hyeroni Calvo, como justícia, y Francisco Cahphi y Baptiste Maymo, como jurats, junto con vecinos que representaban a la comunidad de los nuevos convertidos.
En la parte de los cristianos viejos figuraban Pere Valero, como justícia, y Jaume Ferrer y Baptista Cardona, como jurats. Las dos partes tenían, por tanto, representantes diferenciados, aunque acudieran a un mismo señor para resolver sus desacuerdos.
La sentencia anterior, fechada el 18 de noviembre de 1562, mencionaba entre las autoridades de la Vilanova a Miquel Palau, justícia; Albert Morinen, Joan Palasi y Joan Palau, jurats; y Miquel Joan Boyl, batle. La palabra universitat, empleada en estos documentos, designaba a la comunidad de vecinos organizada jurídicamente.
Estos nombres muestran que los moriscos intervenían en la administración de su población. Su capacidad de actuación estaba limitada por el señorío, pero disponían de cargos y representantes mediante los cuales podían defender intereses colectivos.
El horno, el molino y la carnicería: un conflicto cotidiano
La disputa recuperada en 1576 afectaba a establecimientos esenciales: horno, tienda, carnicería, hostal y molino. Eran actividades reservadas al señor, cuyo funcionamiento proporcionaba ingresos y condicionaba el abastecimiento de los vecinos.
Los representantes de los cristianos viejos defendían que sus oficiales habían intervenido tradicionalmente en la administración de esos servicios. Los de la Vilanova sostenían que los establecimientos se encontraban dentro de su territorio y que las autoridades de la otra parte no debían entrometerse en su jurisdicción.
La sentencia reconocía que las regalías estaban situadas en el ámbito de los cristianos nuevos, pero reservaba su gobierno y administración al conde o a sus procuradores. Ninguna de las comunidades podía establecer libremente impuestos u ordenanzas sobre ellas sin autorización señorial.
El acuerdo descendía a cuestiones muy prácticas. Para moler el grano y cocer el pan se establecía que debía atenderse primero a quien hubiera llegado antes, sin preferencia por ser cristiano viejo o nuevo. La regulación respondía a un problema que podía repetirse cada vez que los vecinos acudían al molino o al horno.
También se contemplaba la intervención de los mustassafs de ambas partes ante irregularidades en la carnicería, relacionadas con la calidad de la carne o con la ganancia obtenida por el carnicero. Si surgía desacuerdo entre ellos, intervenía la autoridad señorial.
El documento combinaba así separación y colaboración. Cada comunidad conservaba su ámbito jurisdiccional, pero compartía servicios y necesitaba reglas para utilizarlos. La convivencia se construía también mediante estos acuerdos sobre el pan, la harina, la carne y los pagos.
Domingo Asen y Pedro Chichici: una economía conectada con Manises
La agricultura ocupaba un lugar fundamental en la vida de los moriscos, aunque las actividades de algunos vecinos se extendían a otros negocios y poblaciones.
Un documento del 26 de junio de 1569 recoge un subarrendamiento de los molinos de la baronía de Manises a Domingo Asen, agricultor de Mislata. En la operación intervenían Antonio Ausina y su esposa María Fajardo, alias Alandra. El contrato se había fijado por cinco años y 280 libras anuales.
La muerte de Asen durante su vigencia interrumpió los pagos y obligó a resolver las responsabilidades económicas pendientes. El caso permite reconocer a un agricultor mislatero que participaba en la explotación de instalaciones productivas de una población vecina y asumía compromisos de considerable cuantía.
Otro documento, del 13 de septiembre de 1587, relaciona a María Chichici, viuda de Jerónimo Chichici, y a su hijo Pedro Chichici, residente en Mislata. Ambos, identificados como cristianos nuevos, debían 54 libras por nueve cahizadas de trigo recibidas de don Felipe, en el contexto documental de Manises.
El pago acordado combinaba dinero y producción: entregarían una primera hornada de obra de tierra, valorada en 27 libras, y abonarían el resto por San Juan del año siguiente. Como garantía se contemplaba el depósito de prendas de oro, plata y otros objetos.
La noticia reúne abastecimiento de cereal, crédito y fabricación cerámica dentro de una operación familiar. Muestra, además, que una mujer viuda y su hijo intervenían conjuntamente en obligaciones económicas formalizadas ante notario.
Ambos documentos pertenecen a los protocolos de Miguel Ángel Almenara, conservados en el Archivo del Colegio del Patriarca y publicados en el estudio de la comunidad mislatera.
Agricultura, cerámica y patrimonio familiar
La relación con Manises formaba parte de un entorno productivo más amplio. Mislata pertenecía al conjunto de poblaciones de la huerta con tradición cerámica, junto con Paterna, Manises y Quart. La producción de azulejos y otras piezas está reconocida en la documentación patrimonial del Museo Nacional de Cerámica.
Los contratos muestran que las actividades económicas no siempre quedaban encerradas en una única ocupación. Un agricultor podía participar en el arrendamiento de molinos, mientras una deuda de trigo podía satisfacerse parcialmente mediante una hornada de cerámica. Las relaciones familiares y la proximidad entre poblaciones facilitaban esas conexiones.
Las casas y las tierras constituían también bienes que podían transmitirse. El 3 de agosto de 1603, Miguel Calayli, hijo de Francisco Calayli, vendió una casa y tres tafullas de tierra a Francisco Cardona, tejedor de la Vila, por 40 libras. La referencia documental incluye el pago del precio y del luismo correspondiente.
Otra operación afectó a Blasi Palau, que vendió a Francisco Cardona cuatro tafullas de tierra por 105 libras. Las parcelas permanecían bajo el dominio directo del conde, una circunstancia que recuerda que vender los derechos sobre una propiedad no eliminaba las cargas señoriales que pesaban sobre ella.
Estos intercambios relacionaban a vecinos de la Vilanova y del núcleo cristiano. La separación jurídica y religiosa convivía con operaciones de compraventa, necesidades de dinero y cambios en la posesión de viviendas y campos.
El desarme de 1563
El desarme general de los moriscos valencianos de 1563, ordenado por Felipe II, dejó una documentación especialmente valiosa para conocer a los habitantes de Mislata.
La actuación local contó con Joan de Velasco, representante señorial, y Joseph Miquel, notario y comisario. Las diligencias registraron las armas encontradas, sus propietarios y su valoración. La relación general publicada por Manuel Danvila atribuye a Mislata 22 casas registradas, bajo el señorío del conde de Aranda. Esa cifra corresponde a la actuación de desarme y no debe convertirse en un recuento completo de habitantes.
El inventario permite pasar de la medida general a los hogares concretos. En casa de Miquel Joan, batle, se anotaron, entre otros objetos, un montante muy deteriorado y oxidado, una rodela vieja, un puñal, una lanza y una daga dorada.
En la vivienda del jurat Maymo Vizcai figuraba una lanza corta utilizada para la guardia de Mislata. El detalle muestra que algunas armas estaban relacionadas con funciones de vigilancia local.
También aparecen Francesc Espardenyer, Pere Machi, Geronym Aladrach, Vicent Tagarí, Miquel Mallorquí, Sancho Dauden, alias Maymo, y Melcior Maymo. Las grafías varían entre las transcripciones conservadas, como sucede con frecuencia en la documentación de la época.
La relación incluye hogares identificados mediante mujeres: la viuda Calveta, la viuda de Campana y la viuda de Pere Ballvi. Su presencia recuerda que la comunidad estaba formada por familias en distintas circunstancias y que las mujeres podían figurar al frente de una casa.
Muchas piezas fueron descritas como viejas, rotas o de escaso valor. El registro no retrata por sí mismo a una población preparada para levantarse en armas; documenta una intervención que penetró en sus viviendas y restringió su capacidad de poseerlas.
Ángela Palaua y la defensa de la lengua
Entre las voces conservadas de la comunidad destaca la de Ángela Palaua, vecina de Mislata, identificada también como Palaua Mallorquina y viuda de Miguel Mallorquí.
En una referencia inquisitorial situada hacia 1604, se le atribuye una declaración especialmente expresiva:
«Primero moriría que dejase su algaravía».
Algaravía era el término con el que las fuentes cristianas designaban el árabe. Para Ángela, conservarlo tenía un valor que iba más allá de la comunicación: formaba parte de su identidad y de la continuidad de una cultura transmitida entre generaciones.
La noticia permite reconocer la presencia del árabe en Mislata hasta comienzos del siglo XVII. No autoriza a suponer que todos los vecinos tuvieran los mismos conocimientos lingüísticos, pero sí demuestra que la lengua seguía ocupando un lugar importante en la vida de al menos parte de la comunidad.
En el conjunto de los moriscos valencianos, el árabe se utilizaba para hablar, escribir cartas, llevar cuentas y transmitir conocimientos. Los documentos conservados incluyen textos religiosos, contratos y escritos de otras materias. Había también personas con conocimientos de romance, en grados distintos según sus relaciones y circunstancias.
La presión para sustituir la lengua afectaba, por tanto, a la comunicación familiar y a formas de aprendizaje y transmisión cultural. El testimonio de Ángela permite acercarse a esa experiencia desde una persona vinculada directamente a Mislata.
La religión en la vida cotidiana
La conversión obligatoria había alterado la relación entre las creencias y la ley. Prácticas que antes formaban parte de una religión reconocida, aunque subordinada, podían convertirse ahora en indicios de incumplimiento de las obligaciones cristianas.
En la documentación valenciana aparecen acusaciones relacionadas con la oración musulmana, el ayuno de Ramadán, las abluciones, las ceremonias matrimoniales y los ritos funerarios. También se vigilaban comportamientos domésticos: la preparación de los alimentos, el rechazo del cerdo, determinados vestidos o la conservación de escritos en árabe.
No todas estas prácticas tenían el mismo significado ni todos los moriscos actuaban de igual manera. Las fuentes muestran diferencias personales, adaptaciones y contactos entre tradiciones. Un hábito heredado podía ser interpretado por un denunciante como una manifestación religiosa, aunque su sentido para quien lo practicaba fuera más amplio.
Ese contexto valenciano ayuda a comprender la presión bajo la que vivían los vecinos de Mislata. La casa, la mesa y las relaciones familiares podían quedar expuestas a preguntas sobre la fe. La identidad oficialmente cristiana no garantizaba que los nuevos convertidos fueran aceptados como iguales.
Los testimonios inquisitoriales permiten conocer aspectos de aquella vida, pero llegan mediados por interrogatorios, traducciones y decisiones de los escribanos. Las palabras de Ángela Palaua deben leerse dentro de esa situación, sin perder por ello la fuerza de lo que transmiten.
La Inquisición y la pérdida de los bienes
La persecución religiosa podía tener consecuencias económicas para toda una familia. La confiscación alcanzaba a casas, campos y otros bienes, que después pasaban a nuevos titulares.
El 7 de noviembre de 1602 se certificó la venta a favor de Francisco Madrid, habitante de la Vila de Mislata, de bienes y tierras que habían pertenecido a Pablo Barba, morisco de la Vilanova, confiscados por la Inquisición. La operación incluía los pagos acostumbrados por los derechos señoriales de fadiga y luismo.
Ese mismo día aparece otra venta a Francisco Madrid de bienes confiscados a Juan Corsa, también residente en la Vilanova.
Los bienes de Alfonso Almanzor fueron adquiridos por Pedro Montañana, procurador del conde de Aranda, mediante una operación fechada en Valencia el 9 de noviembre de 1602 y confirmada en Mislata el 7 de agosto de 1603.
En noviembre de 1603 se documentan asimismo ventas de bienes confiscados a Juan Melich y Cristóbal Xampau. Estas noticias permiten seguir una transformación de la propiedad anterior a la expulsión general.
No todas las transmisiones respondían a confiscaciones. El 5 de noviembre de 1604, José Calvo e Isabel Juan Maymo, alias Barba, vendieron tierras de la partida del Quint, sujetas al censo del conde, a Bautista Pla. En este caso, la noticia debe conservarse como una compraventa, sin atribuirle automáticamente una causa inquisitorial.
La distinción importa para comprender la trayectoria de cada familia. Bajo un mismo cambio de titular podían existir situaciones muy diferentes: una venta acordada, una necesidad económica o la pérdida forzosa de los bienes tras un procedimiento religioso.
Un hijo de la Mallorquina en el auto de fe de 1604
La represión alcanzó también su forma más extrema. El dietario de Pere Joan Porcar recoge que, en el auto de fe del 5 de septiembre de 1604, fue quemado un hijo de la Mallorquina de Mislata, identificado como cristiano nuevo.
La noticia es breve. Porcar dedica más atención a la posición del virrey, la virreina y los elementos del ceremonial que a la persona ejecutada. No proporciona en ese pasaje su nombre ni los detalles de la causa.
Esa desigualdad en el relato resulta reveladora: mientras el protocolo de las autoridades quedó descrito con cuidado, el vecino de Mislata fue recordado principalmente por la identificación de su madre.
El episodio aparece también en la investigación sobre los dietarios valencianos de los siglos XVI y XVII. Constituye un testimonio concreto de cómo la actuación inquisitorial afectó a familias mislateras antes de 1609.
Una comunidad viva hasta la expulsión
A comienzos del siglo XVII, la Vilanova seguía siendo un lugar de residencia, trabajo e intercambio. Sus habitantes conservaban tierras, formalizaban contratos y mantenían relaciones con personas de la Vila y de otras poblaciones. Al mismo tiempo, algunas familias habían perdido propiedades por confiscación o habían transmitido parte de su patrimonio.
Las trayectorias fueron diferentes. Domingo Asen aparece ligado a la explotación de molinos; Pedro Chichici, a una deuda que incluía producción cerámica; Miguel Calayli, a la venta de una casa y tierras; Ángela Palaua, a la defensa de su lengua. Los documentos permiten reconocer esas diferencias dentro de una comunidad sometida a presiones compartidas.
La expulsión de 1609 interrumpió esa continuidad. La carta de población del 25 de septiembre de 1611 se referiría precisamente a la parte de la baronía llamada Vilanova de Mislata, hasta entonces poblada por moriscos. Su repoblación se realizó sobre un espacio que ya tenía viviendas, campos, servicios y una historia de varias generaciones.
Antes de aquella ruptura, los moriscos habían formado parte de la vida de Mislata durante casi un siglo bajo esa condición legal. Recuperar sus nombres permite verlos como habitantes del pueblo: personas que trabajaban, administraban su comunidad, defendían sus intereses y transmitían a sus hijos una lengua y una memoria.